La privatización de los  bienes de propios del municipio de Marmolejo en el siglo XIX: La Dehesa Cerrada y la Dehesa del Ormazal (*)

 

-Eduardo Araque Jiménez/José Domingo Sánchez Martínez-

 

El presente trabajo de investigación histórico-geográfica constituye una  parte de un  estudio mucho más amplio titulado “La propiedad de los montes en Sierra Morena Occidental (Jaén), a través de algunas fuentes documentales”, llevado a cabo por los profesores del Área de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Jaén, Eduardo Araque Jiménez y José Domingo Sánchez Martínez. 
Este trabajo vio la luz en marzo de 2006 dentro del n.º 1 de la revista “Elucidario” del Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá. En el mismo se realiza un estudio diacrónico de la propiedad forestal en los municipios emplazados en la porción más occidental de Sierra Morena en la provincia de Jaén. El objetivo era aclarar los momentos y circunstancias de unos procesos que han supuesto, a grandes rasgos, un trasiego masivo de tierras desde el Estado y los Ayuntamientos a los particulares.

 

 

 

 Las sucesivas desamortizaciones decimonónicas:

 

  Con ser importantes los procesos de privatización del patrimonio público que tuvieron lugar en Sierra Morena occidental durante los siglos  XVI a XVIII, en modo alguno pueden compararse con los que se sucedieron a lo largo de la centuria decimonónica. En este siglo se van a liquidar, a veces a precio de saldo, la práctica totalidad de las tierras que aún permanecían en manos de los Concejos en tanto que bienes de propios. El traspaso de ese importante patrimonio a manos de nuevos propietarios locales y foráneos, contribuirá a modificar de forma decisiva la estructura de la propiedad de la tierra, dominada a partir de entonces por la gran propiedad privada, tanto de origen aristocrático como burgués. Frente a ella una legión de pequeños propietarios servirá de soporte al sistema, afianzándolo y consiguiendo que sobreviva al paso del tiempo hasta llegar casi indemne a nuestros días.

 

  La periodización de este dilatado proceso de privatización decimonónico, viene marcada por la aparición de la Ley de Desamortización General, promovida por Pascual Madoz y promulgada el 1 de mayo de 1855. Antes de ponerse en marcha la compleja maquinaria diseñada por Madoz, distintos montes públicos ya habían pasado a manos privadas al amparo de alguno de los mecanismos que entraron en funcionamiento durante la primera mitad del XIX. La Ley de 1855 tuvo una resonancia espectacular en todo el macizo montañoso de Sierra Morena que fue, con diferencia, el ámbito provincial donde mayor calado tuvieron las tesis de Madoz. Dentro de ese gran espolón montañoso, los municipios alcanzaron muy pronto una gran relevancia tanto por la cantidad de tierras que se vendieron y el montante económico que se obtuvo por ellas, como por la propia mecánica de las ventas, que favoreció la presencia en las subastas de todo tipo de especuladores, dispuestos siempre a hacer un buen negocio a costa de los bienes que hasta entonces habían pertenecido a las comunidades locales.

 

 

 

El arranque de los procesos de privatización durante la primera mitad de siglo XIX:

 

  A través de una profusa normativa legal, el proceso privatizador de los montes en esta porción de Sierra Morena fue ganando en importancia a medida que transcurría la primera mitad de la centuria decimonónica. El primer hito legislativo de cierta importancia en relación con este proceso lo constituye el Real Decreto de 4 de enero de 1813, que, a grandes rasgos, pretendía reducir a propiedad particular los terrenos baldíos o realengos y de propios y arbitrios, con el fin de fomentar el crecimiento económico a través de la puesta en cultivo de nuevas tierras. Las ventas proyectadas servirían para paliar el déficit presupuestario acumulado por algunos Ayuntamientos durante la Guerra de la Independencia, al tiempo que con ellas se facilitaría a muchos jornaleros sin tierra el acceso a la propiedad de este bien tan demandado.

 

  Hay que esperar a la promulgación de la Real Orden de 24 de agosto de 1834, para ver como arrecian las presiones privatizadoras esgrimidas por las diferentes corporaciones municipales de la zona. Dicho texto legal facultaba a los Ayuntamientos para enajenar parte de su patrimonio municipal mediante la venta en  metálico del mismo, o por medio del establecimiento de algún tipo de censo enfitéutico o redimible. En el expediente incoado al efecto las corporaciones harían constar la naturaleza y las condiciones de conservación en que se encontraba la finca, el dominio que los Propios tuvieran sobre ella y las ventajas que pudieran derivarse de su enajenación, sin olvidar la tasación que se hiciera del predio tanto en venta como en renta. 
 Una vez formado el expediente, el Ayuntamiento debía remitirlo al Gobernador Civil de la provincia quien, previo consentimiento de la Contaduría de Propios, habría de dar su aprobación, devolviéndolo, acto seguido, a los cabildos para dar lugar a la subasta al mejor postor (Artº 2) (1). La enajenación solo podría ejecutarse una vez que quedara suficientemente probado el dominio pleno del monte por parte del Ayuntamiento; dominio que ineludiblemente pasaba por la realización del preceptivo deslinde. Puesto que el objetivo prioritario de la norma no era otro que dotar a las arcas públicas de recursos monetarios, en otro de sus artículos se prohibía la adjudicación de una finca en venta real cuando el valor del remate no hubiera alcanzado las dos terceras partes del aprecio.

 

 

 

Esta Real Orden constituía una magnífica oportunidad para enjugar el déficit de las haciendas locales cuya crisis económica, lejos de remitir tras la Guerra de la Independencia, se había ido recrudeciendo poco a poco hasta desembocar en una alarmante situación financiera a mediados de los años treinta. A este respecto pueden resultar ilustrativas las consideraciones que hacía el Ayuntamiento de Marmolejo al Gobernador Civil a finales de 1834, denunciando las críticas y amargas circunstancias por las que atravesaba la localidad, derivadas del constante aumento de los gastos frente a la disminución paralela de los ingresos, consecuencia de la falta de licitadores o de la disminución  sustancial de las tasaciones en las subastas para el arrendamiento de los bienes de propios. Los remedios que proponía la corporación para paliar el riesgo, más que probable, de quiebra de las arcas municipales, pasaban por la imposición de una serie de arbitrios, entre los que se encontraba el arriendo de los baldíos, hasta entonces bienes de uso libre y gratuito, o bien la enajenación de los montes públicos que poseía el municipio (2).

 

  Esta última, sin duda, fue la opción elegida con más frecuencia por los Ayuntamientos, ya que les permitía disponer de liquidez de forma inmediata, en caso de que la venta se efectuara a censo real, o bien les aseguraba anualmente la percepción de un volumen fijo de ingresos, censo reservativo, del que nunca antes habían podido disponer.
  Así como en otros municipios de Sierra Morena Occidental la venta de los bienes de propios favorecieron a grandes y medianos propietarios, en Marmolejo sin embargo, los resultados del proceso privatizador sí favorecieron claramente a la fracción más menesterosa del vecindario, ya que tanto la parte de la dehesa Cerrada enclavada en el término como la dehesa del Ormazal se vendieron íntegramente repartidas en pequeñas suertes a las que aquellos pudieron tener acceso en el momento de la venta.